NOSOTROS , CIUDADANOS Y CIUDADANAS, en nuestro propio nombre, así como los colectivos, organizaciones y entidades cívicas que se adhieren.

CONSCIENTES DE LA GRAVE SITUACIÓN DEL TERRITIORIO VALENCIANO: constantes agresiones al medio ambiente, especulación de la tierra y el agua, destrucción del paisaje, de la naturaleza y del patrimonio cultural.

Esto como consecuencia de una economía basada en la construcción y en la producción del ocio, en detrimento de sectores como la industria y la agricultura, y todo con la exclusiva finalidad del beneficio particular inmediato, sin ningún beneficio social, y en manifiesta hostilidad hacia la opinión ciudadana.

Compromiso responsable con el territorio

NOS COMPROMETEMOS, DE FORMA CORRESPONSABLE, a la defensa del territorio y de sus recursos contra estas agresiones, en demanda de medidas que, en un marco de políticas sociales avanzadas, subordinan la economía a las necesidades reales de la población, dejando de potenciar turismo y construcción como actividades primordiales, racionalizando la industria y enderezando el trabajo del campo.

Nuestro compromiso se extiende a la demanda de vías efectivas de participación ciudadana en todos los ámbitos de la Administración, y más concretamente en los procesos que afectan proyectos urbanísticos, infraestructuras, actuaciones sobre el medio ambiente y ordenación del territorio.

Urbanismo depredador

CONSECUENTEMENTE, EXIGIMOS a las Administraciones locales, autonómicas, estatales y europeas, en los ámbitos que les corresponda: La no aprobación, la suspensión o la paralización de proyectos, urbanísticos o no, que no acrediten o no hayan acreditado la suficiente transparencia informativa, así como los requisitos de acuerdo previo con los ciudadanos afectados y de amplia aceptación social, tanto en los objetivos concretos del proyecto como en su impacto ambiental y cultural.

Una nueva normativa legal, elaborada con la participación ciudadana, que tenga como objetivos claros frenar la especulación y primar la protección del medio, del paisaje, y del patrimonio cultural sobre los objetivos concretos de los proyectos, y que, además procure vías efectivas de participación ciudadana. Hasta la aprobación de esa normativa ha de quedar en suspenso la tramitación o la ejecución de cualquier proyecto que afecte de forma importante al territorio.

La obertura de un amplio debate social con el objetivo de delimitar las líneas maestras de un modelo territorial, social, económico y energético que responda a las necesidades reales de la población, racionalice los sectores productivos, limite la actividad urbanística, impida la especulación, proteja y respete de forma efectiva el medio natural y el patrimonio cultural, y fomente el uso racional de los recursos naturales y energéticos.

POR UNA NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO
PAREMOS LA DESTRUCCIÓN PARA PENSAR EL PAÍS QUE QUEREMOS
POR NUESTRO FUTURO, DEFENDAMOS EL TERRITORIO.

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